NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Legisladores republicanos de todo Estados Unidos ya emprendían labores para que sus estados se involucren más en la aplicación de las leyes de inmigración cuando la Corte Suprema federal le permitió, aunque fuera brevemente, a Texas implementar una nueva medida que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado al país de manera ilegal.
Horas después del fallo de la Corte Suprema del martes, otro tribunal bloqueó nuevamente la ley de Texas. Ese mismo día, Iowa aprobó una medida similar.
En Nueva Hampshire, los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley que permite a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de entrar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá.
Los republicanos de Georgia han impulsado una propuesta que obliga a las ciudades y condados elegibles a buscar acuerdos para llevar a cabo algunos controles relacionados con la inmigración en las cárceles con el objetivo de colaborar con el gobierno federal. La medida se presentó después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a Laken Riley, una estudiante de enfermería, en el campus de la Universidad de Georgia. Las autoridades migratorias señalaron que el hombre entró ilegalmente a Estados Unidos en 2022. De momento no estaba claro si había solicitado asilo.
El miércoles, el Senado del estado rindió homenaje a la familia de Riley. Durante la ceremonia, su padre Jason Riley, atribuyó la muerte de su hija a las políticas santuario que protegen a los migrantes en Athens, donde se encuentra el campus de la Universidad de Georgia, y pidió al gobernador Brian Kemp que declarará una “invasión”, que es el argumento con el que Texas defiende un conjunto de medidas cada vez más intensas en la frontera. Un juez federal de Texas rechazó el mes pasado esos argumentos al momento de bloquear la nueva ley.
“Un hombre con mal en el corazón le robó la vida. Estaba en este país y en este estado ilegalmente”, dijo Jason Riley. “Mi visión para cada senador de esta cámara es que protejan a los ciudadanos de esta invasión ilegal”.
Mientras tanto, está por verse si algunos de los estados gobernados por republicanos, muchos de los cuales están impulsando distintas medidas y enviando a sus elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, adoptarán leyes como la de Texas, sobre todo si el estado resulta favorecido por otro fallo judicial.
Oklahoma no pierde el tiempo. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado acogieron la idea de una ley antiinmigración similar a la de Texas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, anunció el miércoles sus planes de presentar inmediatamente el proyecto de ley.
El gobierno del presidente Joe Biden presentó una demanda para bloquear la medida de Texas, alegando que es una clara usurpación de la autoridad federal que provocará caos en torno a las leyes de inmigración y causará estragos en las relaciones internacionales.
Los legisladores de Tennessee están cerca de definir el futuro de una propuesta para obligar a las agencias policiales del estado a que estén en contacto con las autoridades federales de inmigración si encuentran a personas que están en el país de manera ilegal. Durante el breve periodo que Texas pudo implementar su ley el martes, los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Tennessee expresaron su disposición a considerar una política similar.
“Seguimos de cerca la situación en Texas mientras el gobernador (Greg) Abbott trabaja para proteger a su estado”, dijo Cameron Sexton, presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee.
Muzaffar Chishti, investigador principal en el Instituto de Políticas Migratorias, dijo que este tipo de políticas de inmigración generalmente son impulsadas por una motivación política y conllevan grandes complicaciones para las agencias policiales con escasos recursos que no suelen tener formación en materia de inmigración.
“Capacitar a un montón de agentes estatales en un campo en el que no tienen ningún tipo de experiencia y ningún entrenamiento es un dolor de cabeza operacional”, dijo Chishti.
Bajo el proyecto de ley de Iowa, ingresar al estado después de que previamente se le negó entrada a Estados Unidos se convertirá en un delito menor agravado, o en un delito grave en algunas circunstancias, incluido un arresto por otro crimen.
“El gobierno federal ha abdicado sus responsabilidades y los estados pueden y deben actuar”, comentó el representante Steven Holt.
Por su parte, el representante demócrata Sami Scheetz alegó que la inmigración estaba reservada constitucionalmente para el gobierno federal.
“La inmigración ilegal es un problema grave que requiere de acciones, pero el planteamiento de este proyecto de ley no tiene en cuenta lo que realmente significa abordar esta cuestión con compasión, sabiduría y eficacia”, señaló Scheetz.
El proyecto de ley que espera la firma de la gobernadora republicana Kim Reynolds entraría en vigor el 1 de julio.
En tanto, la medida de Nueva Hampshire respecto a su frontera con Canadá, se produce luego de que el estado registró apenas 21 detenciones entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, incluso cuando el área de aplicación de la ley de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que incluye a Nueva Hampshire, Nueva York, Vermont y Maine ha registrado un fuerte aumento en la actividad fronteriza ilegal desde 2021.
El Senado de Nueva Hampshire, de mayoría republicana, aprobó el mes pasado el proyecto de ley de invasión de propiedad privada. Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes, pero el patrocinador de la iniciativa, el presidente del Senado Jeb Bradley, espera que sea aprobada.
Incluso con la nueva suspensión a la ley de Texas, el exrepresentante federal señaló que cree que los tribunales avanzan en dirección a darle más autoridad a los estados, un buen augurio para proyectos de ley como el suyo.
“La magnitud del problema ha empeorado significativamente”, dijo Bradley el miércoles. “No podemos esperar al Congreso”.
Algunos estados gobernados por demócratas buscan ampliar los derechos de los inmigrantes, incluido Maryland, donde los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley para solicitar una exención federal que permita a las personas comprar un seguro de salud a través del intercambio de atención médica del estado, independientemente de su estatus migratorio.
En Massachusetts, que ha tenido problemas para dar cobijo a miles de inmigrantes que llegan al estado, avanza un proyecto de ley para limitar a nueve meses el tiempo que las personas sin hogar pueden permanecer en los refugios de emergencia de la entidad, con tres meses adicionales para quienes tengan empleo o estén inscritos en programas de formación laboral.
Hace unas semanas, la gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley inspirado en la ley de Texas. Desde entonces, los legisladores republicanos han prometido que aprobarán una medida similar y la enviarán a Hobbs.
Los legisladores de Arizona buscan una medida, que se sometería a la aprobación de los votantes y evitaría así un posible veto de Hobbs, que obligaría a los gobiernos locales que reciben fondos estatales para programas de asistencia social a utilizar una base de datos federal de verificación de empleo para comprobar si los beneficiarios están en Estados Unidos legalmente y retirar del programa a quienes no lo estén.
Los opositores consideran que la ley de Texas es el intento estatal más drástico de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de hace más de una década, cuyas partes fundamentales fueron anuladas por la Corte Suprema. Dicha medida habría permitido a la policía detener a personas por infracciones a las leyes federales de inmigración, a menudo denominada por los opositores ley “muéstreme sus papeles”.
Entre las diversas medidas propuestas en los estados gobernados por el Partido Republicano, Georgia tiene un proyecto de ley adicional que castigaría a las ciudades y condados que, según los republicanos, utilizan las llamadas políticas santuario para acoger ilegalmente a inmigrantes que están en el país sin permiso, cortando la mayor parte de las ayudas estatales al gobierno local y destituyendo a los cargos electos.
Florida ya ha aprobado una ley para aumentar las penas a los migrantes que se encuentran en el país ilegalmente si son condenados por conducir sin licencia o cometer delitos graves.
Tennessee también está considerando si permitirá a los jueces condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una persona que se encuentre ilegalmente en el país por cometer un delito violento con arma letal o en propiedad escolar. Otra propuesta tipificaría como delito menor el traslado, a sabiendas o por imprudencia, de una persona que se encuentre ilegalmente en el país.
Los inmigrantes celebraban una jornada de activismo el martes en el Capitolio de Tennessee cuando se dio a conocer el fallo temporal de la Corte Suprema, lo que conmocionó al grupo. Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, dijo que la ley de Texas sienta un “precedente horrible” para las comunidades y el país.
“¿Qué tan ‘unidos’ estarán nuestros estados cuando cada uno tenga leyes diferentes sobre quién puede llamarlos hogar?”, dijo Sherman Luna.
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Jeff Amy en Atlanta; Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire; Sean Murphy en Oklahoma City; Brendan Farrington en Tallahassee, Florida; Brian Witte en Annapolis, Maryland; Steve Karnowski en Minneapolis; Steve LeBlanc en Boston; Jacques Billeaud en Phoenix, y Scott McFetridge en Des Moines, Iowa, contribuyeron a este despacho.
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