CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió a inicios de año que todos los jubilados mexicanos tendrían una pensión equivalente al total de su último salario, muchos pensaron que vendrían cambios profundos en el sistema de pensiones de México.
La incógnita se despejó esta semana —aunque dejó aún muchas preguntas sin resolver— cuando López Obrador finalmente dio a conocer los alcances de su propuesta de reforma constitucional en materia de pensiones. Lejos de plantear cambios radicales con miras a favorecer a más de seis millones de jubilados, sólo apunta a beneficiar en el primer año a unas 50.000 personas, según cálculos de la dirección de estudios económicos del banco local Citibanamex, las únicas estimaciones conocidas hasta el momento.
Esa cifra irá creciendo en los años siguientes hasta alcanzar en el 2030 a unos 570.000 trabajadores.
Los beneficiarios de la reforma tendrán derecho a jubilarse con la totalidad de su último salario pero con un tope máximo: 16.777,78 pesos (unos 986 dólares). Es el equivalente al sueldo promedio registrado en el Instituto Mexicano de Seguridad Social para el 2023, un techo que se actualizará cada 1 de enero de acuerdo con la inflación estimada para ese año.
En México, hay una masa laboral de 60 millones de personas, según la última cifra de la población económicamente activa, y más de seis millones de pensionistas entre los diferentes sistemas de jubilación.
Rigen de forma simultánea principalmente dos. Uno, de 1973, que garantiza una pensión vitalicia a quienes hayan cotizado durante 500 semanas (cerca de 10 años) y que recibirán un monto mensual calculado sobre el promedio de sus últimos cinco años de cotización. Y otro, desde 1997, con algunas variantes.
Dentro de este último, hay trabajadores que se jubilan con una pensión vitalicia que se contrata con una aseguradora privada. Otros que cuentan con aportaciones a una cuenta individual gestionada por una Administradora de Fondos de Retiro, conocida como Afore, cuyos ahorros les son devueltos al final de su vida laboral siempre que hayan cotizado durante al menos 750 semanas (unos 15 años). También hay una pensión mínima garantizada que paga el gobierno federal a los trabajadores que cotizaron pero que no cumplen los requisitos para acceder a los otros esquemas.
Y, además, existe una jubilación universal que da el gobierno a los mayores de 65 años, hayan cotizado o no, que está pensada para trabajadores informales.
En el proyecto ahora presentado —que aún debe superar el trámite legislativo— se plantea que la reforma sólo favorecerá a las personas con 65 años que coticen desde julio de 1997 en el Instituto Mexicano de los Seguros Sociales o, siendo empleados públicos, que estén bajo el régimen previsto para estos con aportaciones en cuentas individuales a la seguridad social desde 2007.
Pero la reforma regirá únicamente para quienes se jubilen después de que sea aprobada. Es decir, los ya jubilados quedan fuera. Lo que limita el alcance de la propuesta y está lejos de la promesa del presidente.
Hasta ahora las autoridades no han ofrecido explicaciones sobre las razones que llevaron a López Obrador a plantearse una reforma más conservadora, a pesar de que había prometido que beneficiaría a todos los pensionistas con el argumento de “corregir” las fallas de legislaciones de gobiernos pasados, a los que identificó como “neoliberales”.
Tampoco hay certeza de que la propuesta legislativa vaya a pasar el trámite en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo tiene el control, pero requiere del apoyo de la oposición para alcanzar la mayoría calificada de votos para aprobar la reforma constitucional.
Lo que sí queda claro es que la iniciativa entregada esta semana al Congreso para su debate en las próximas semanas, “no cambia el sistema institucional”, afirmó Sergio Kurczyn, director de estudios económicos de Citibanamex. Asegura que, en realidad, la reforma busca fortalecer la pensión mínima garantizada y la pensión universal o no contributiva, que entrega el gobierno federal a unos 11,5 millones de mexicanos mayores de 65 años —hayan cotizado o no— con pagos bimensuales de 6.000 pesos (unos 353 dólares).
“Lo que se está dejando para los próximos 10, 20 años, es que tome más importancia la pensión mínima garantizada, la pensión universal, y por el diseño del sistema y las bajas cotizaciones pues no va a operar el sistema de contribución definida”, agregó, en referencia a que se desestimula el esquema de cuentas individuales.
Kurczyn mencionó a The Associated Press que tal vez lo positivo del proyecto es que el costo fiscal para el Estado será mucho menor al que se había estimado inicialmente, de un 1,3% del Producto Interno Bruto para 2025 cuando el gobernante habló que todos los pensionados recibirían una pensión del 100% de su último salario.
De acuerdo con proyecciones del analista, para el primer año de aplicación de la reforma podrían beneficiarse alrededor de 50.000 trabajadores e irán subiendo en los años siguientes.
Aunque hasta el momento no hay una estimación oficial del impacto económico que representará para el gobierno federal la reforma de pensiones, algunos analistas calculan que el fondo de 64.619 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares) que se incluyó en la iniciativa para financiar los ajustes en las jubilaciones sólo podría cubrir el primer año de aplicación.
Aún no está definido de donde saldrán los recursos para los próximos años.
Antes de presentar el texto de la reforma, el gobierno federal ya contemplaba destinar 1,96 billones de pesos (unos 115.000 millones de dólares) para el pago de pensiones de 2024, una cifra que representa el 22% del presupuesto total anual.
En ese sentido, Enrique Díaz Infante, director de sistema financiero de Centro de Estudios Espinosa Yglesias, cuestionó a la AP que una reforma en pensiones que no contempla fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo no tiene sostenibilidad en el tiempo. Y apuntó que el proyecto parecería responder más al interés electoral dada la cercanía de las elecciones presidenciales, previstas para el 2 de junio.
Díaz Infante planteó que era lamentable que no se aprovechara el momento para atender los problemas estructurales que el sistema mexicano de pensiones viene arrastrando desde hace décadas.
Y citó, por un lado, la fragmentación de regímenes, que genera reglas y requisitos dispares; por otro, la sostenibilidad fiscal, así como la desigualdad entre los beneficiarios y el creciente sector informal, que ya representa 60% de la masa laboral total. “No es una reforma que beneficia a los excluidos, que son los (trabajadores) informales y las mujeres. Es una reforma que beneficia a los que tienen trabajo”, recalcó.
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